España en juego II: Disgregación, Confederación o Unión

Estimados amigos, lo prometido es deuda, así que hoy os envío mi artículo con el título que encabeza esta entrada y que constituye una segunda parte de la entrada publicada días atrás.

 

ESPAÑA EN JUEGO: DISGREGACIÓN, CONFEDERACIÓN O UNIÓN II

Luis Bouza-Brey, 19-11-12

 

A finales de Marzo decidí abandonar el Ruedo Ibérico, dejarlo a su desdichada suerte, pues llegué al convencimiento de que el intento de las generaciones de la Transición había fracasado,  de que no habíamos sido capaces de crear una democracia normal, decente y estable, adecuada para resolver los problemas endémicos del país: la centrifugación del país había traspasado las líneas rojas ya hace tiempo, la economía estaba destruida, el sistema político era disfuncional y estaba corrompido, las élites no habían dado la talla, y el pueblo no parecía estar al nivel adecuado para fundar una democracia y un Estado moderno, asemejándose más a diversos rebaños de borregos que a una sociedad de ciudadanos democráticos.

Por otra parte, después de varios años de ir contracorriente avisando de los peligros que ya se habían transformado en hechos, estaba convencido de que mi trabajo era inútil: los pocos que me leían y podían coincidir conmigo eran eso, muy pocos, y mis escritos no llegaban a la opinión pública, pese a haber acertado en la mayoría de los análisis, diagnósticos y previsiones formulados.

La conclusión lógica de todo ello era inmediata: había estado perdiendo el tiempo, las energías y la moral, y lo apropiado era dejar de resistirse inútilmente a lo que parecía ser el triste destino de nuestro desdichado país, el de hundirse por enésima vez en el caos, la corrupción y el desastre, despeñándose fuera de Europa y transformándose en un reino de taifas atrasado, genéticamente enfermo y problemático para el conjunto de la civilización occidental, a la que habíamos demostrado sobradamente no ser capaces de incorporarnos.

Mi percepción de la situación no ha cambiado, sino que ha ido confirmándose: el 25N constituye el acontecimiento final de un proceso degenerativo que acabará destruyendo el país, o sometiéndolo a un largo estertor agónico que se prolongará unos años, sin que los actores den con la solución a los problemas, mientras continuan formulando diagnósticos erróneos y pseudo soluciones que agravarán aquéllos hasta llegar a la hecatombe final del hundimiento del país.

 

UNA DESPEDIDA HONORABLE

Por ello, deseo hacer mi última aportación, acompañando al muerto —el Régimen del 78— en su último viaje, y formulando un diagnóstico final y unas propuestas de solución a lo que nos sucede, centrado en la crisis del modelo de Estado que manifiestan las elecciones andaluzas, vascas y catalanas.

Debo advertir, antes de nada, que estoy convencido que la élite política emergente de este largo proceso de treinta y pico años es la principal responsable de la destrucción de las esperanzas que nos acompañaron en los momentos iniciales de la transición, y del hundimiento del régimen fundado con la Constitución del 78, enésimo intento de construir un país democrático, civilizado y europeo, por lo que, aunque intentaré limitar mis tendencias descalificadoras hacia ella, no voy a renunciar a señalar su inepcia y corrupción material y mental con adjetivos contundentes, pues la gravedad de la situación a la que nos han conducido no permite remilgos ni escrúpulos expresivos derivados de la tolerancia cívica, ante el desastre en el que nos han hundido, unos por acción y otros por omisión de su deber de denunciar el desaguisado permanente y desvergonzado del que han resultado cómplices.

 

LA CRISIS DEL MODELO DE ESTADO

Aunque la situación andaluza no constituye por sí misma el factor causal de la crisis del modelo de Estado, y no la voy a analizar de manera directa aquí, sí que constituye un factor coadyuvante de primer orden en la deslegitimación del sistema político y el incremento del apoyo al independentismo así como de la propensión a la crisis final del Estado: El PSOE andaluz ha manifestado unos niveles de corrupción inadmisibles, y, por añadidura, los responsables directos de esta corrupción han vuelto a salir reelegidos, para presidir el PSOE y Andalucía, demostrando con ello que el poder, en este sistema, es inmune a todo tipo de control. No existen controles efectivos del poder político ni a nivel electoral, ni parlamentario, ni judicial, ni administrativo, y las élites políticas de este país se perpetuán en el poder hagan lo que hagan, asemejándonos cada día que pasa cada vez más a una república bananera.

Pero esta corrupción y deslegitimación de la élite política andaluza es extensible igualmente a la del conjunto del país y a las de los subconjuntos de todos los territorios españoles, incluidos los gobernados por oligarquías etnonacionalistas como las del País Vasco y Cataluña. Existe una corrupción, descoordinación y desgobierno generalizados resultantes de la dinámica centrifugadora y la apertura indefinida propias del Estado autonómico tal como ha sido diseñado en sus inicios y se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos treinta y pico de años.

Pero de esta dinámica centrifugadora son principalmente responsables las élites etnonacionalistas, estancadas en un inmovilismo de principios e ideologías que dura ya siglo y medio, que las impulsa a oponerse delirantemente a la integración, y a chantajear permanentemente al conjunto de la sociedad española. Chantaje ante el que los partidos nacionales representativos, el PP y el PSOE, se han dejado llevar por un oportunismo irresponsable de cesiones esenciales, acompañado de la incapacidad permanente para un renovado Pacto de Estado. Incapacidad estimulada por el efecto catalizador de un sistema electoral aberrante y destructivo,  que favorece el chantaje de las minorías independentistas enemigas del régimen constitucional, transformándolas en bisagras carentes de escrúpulos y orientadas  al cambalache permanente de apoyos por privilegios reaccionarios y anacrónicos, propios de la premodernidad localista y estamental o etnicista, anteriores a la igualdad derivada de los logros propios de la Revolución francesa y el Mundo moderno.

Este anacronismo y estancamiento inmovilista de los etnonacionalismos periféricos es  el que los lleva a propugnar un confederalismo demencial o un independentismo suicida y antieuropeo, y a producir un vacío de integración en el sistema político que impulsa la degradación propia del pensamiento débil y oportunista de los dos grandes partidos, PP y PSOE orientándolos a adaptarse a este vacío mediante la opción a favor de una asimetría incontinente y transgresora de los principios modernos, o a aberraciones perversas del federalismo contrarias al principio de igualdad.

 

LA DESLEALTAD Y TRAICIÓN DE LOS ETNONACIONALISMOS

CIU y el PNV constituyen el paradigma de una psicosis política consistente en el delirio esquizofrénico paranoide que los imposibilita para contribuír en positivo al desarrollo del país  (del que consideran propio, sus “naciones”, y del que consideran ajeno, España). Al encontrarse estancados en ideologías y percepciones propios de hace siglo y medio, son incapaces de percibir la transformación del conjunto de la sociedad española, adaptar sus principios y criterios ideológicos a la modernidad, y elaborar fórmulas de unión de la diversidad propias de los Estados descentralizados modernos: siguen manteniendo embalsamado en el trasfondo de su pensamiento colectivo un irredentismo e independentismo que los impulsan permanentemente a la deslealtad y traición, aunque las disfracen con pactos de conveniencia para conseguir objetivos tácticos, siempre orientados por la estrategia de la consecución del objetivo final de la independencia nacional y la construcción de un Estado propio.  Este inmovilismo anacrónico se perpetúa cerrilmente entre las élites y el pueblo de Euskadi y Cataluña aunque en este siglo y medio transcurrido desde sus orígenes, la construcción de naciones característica del siglo XIX haya sido superada por la propensión inexorable hacia la unión en el marco europeo inducida por la globalización, la experiencia traumática derivada del sufrimiento producido por dos guerras mundiales, y la construcción de la Unión Europea, superpuesta a los Estados nacionales existentes.

El delirio esquizofrénico consistente en su incapacidad para asimilar los cambios acelerados y percibir la realidad de un mundo globalizado, junto con la momificación de sus principios fundacionales anacrónicos, los llevan al victimismo permanente frente a un enemigo inventado, al falseamiento compulsivo de la realidad y de la Historia, al etnicismo retrógrado y a una insatisfacción compulsiva que los empuja a la fijación de objetivos políticos irreales e irrealizables, como el confederalismo y el soberanismo, que terminarán por dinamitar la economía de sus sociedades y el autogobierno posible, traicionando los compromisos constitucionales básicos, violando la Constitución y las leyes, rompiendo la integridad del ordenamiento jurídico y destruyendo, por enésima vez, el régimen de libertades deseado y aprobado por el pueblo.

 

LA INEPCIA E IRRESPONSABILIDAD DEL PSOE

Pero las desgracias nunca vienen solas, y al estancamiento de los etnonacionalismos se le ha añadido el anquilosamiento y corrupción del PSOE, que después de la renovación experimentada a comienzos de la transición, se ha visto abocado a “morir de éxito”, como inintencionadamente profetizó Felipe González en su época dorada.

En efecto, el éxito del PSOE a partir del año 82, produjo una avalancha de oportunistas dispuestos a escalar en el interior de una organización necesitada de personal para cubrir innumerables puestos políticos, deteriorando la moral interna y la coherencia en los principios del partido. Pero además de ello, la victoria del neoliberalismo en los años setenta, la globalización disparada desde los ochenta, el derrumbe del comunismo en los noventa y el acceso a la secretaría general de una personalidad como Zapatero han transformado al partido en una organización plagada de corrupción y oportunismo, orientada por una retórica “progresista” frívola y vacía, ansiosa por mantener los múltiples chiringuitos de posiciones de poder y status en una lucha descarnada con la competencia política del PP, alejada del respeto a la democracia y al Estado de Derecho, y obsesionada por el poder y el voto a costa de lo que sea.

Esta dinámica de oportunismo, corrupción mental y material, frivolidad e inepcia irresponsables de los socialistas, los ha llevado a plegarse a las propensiones inmediatas de sectores significativos de la población, haciendo políticas populistas, rompiendo los consensos básicos existentes desde la transición con la derecha liberal-conservadora mediante su alianza con el primitivismo extremista de independentistas e izquierdistas, la formación de tripartitos orientados hacia el extremismo, el sometimiento a las estrategias golpistas y filoterroristas de los etnonacionalistas,  y el intento de exclusión del PP mediante un Pacto del Tinell generalizado a todo el país con el pretexto de la lucha antifranquista.

A ello hay que añadir la desvergonzada manipulación del poder jurisdiccional, y la violación implícita de la Constitución, transformándola de normativa en nominal a fin de consolidar sus acuerdos con independentistas, así como la ruptura del Pacto Antiterrorista,  la firma de acuerdos ocultos con los terroristas,  en el intento de conseguir el abandono de las armas por aquéllos, sin importarles la legitimación sobrevenida de ETA  gracias a las concesiones obtenidas y el debilitamiento del frente constitucionalista.

Esta debacle del PSOE ha tenido su correspondiente reflejo en la desorientación e inepcia del PSC, dirigido ideológica y técnicamente por el sector de troyanos nacionalistas que se impusieron en su interior desde el proceso de fusión de inicios de la transición, a lo que se añadió la demencial política de Maragall de pactos con ERC, reforma del Estatuto de Autonomía en dirección confederal y anticonstitucional, Pacto del Tinell para excluir y marginar al PP y perversión de la ideología federal con la defensa de la asimetría.

Debido a esta perversión permanente, el PSC ha acabado por resultar abducido y transformado en un valido del nacionalismo, abandonando a su electorado natural y dejando indefenso y desvalido el constitucionalismo en Cataluña.

Hoy el PSC se caracteriza por su indefinición, la incapacidad para presentar una alternativa al independentismo, el falseamiento renovado del federalismo como vía de escape para no comprometerse a hacer frente al etnonacionalismo, la fijación de una estrategia de concesiones permanentes hasta que aquél consiga sus objetivos, y la defensa de las políticas anti PP como único signo de identidad “antifranquista” y “progresista”.

Para el PSC, hoy, cualquier oposición coherente al etnonacionalismo constituye un obstáculo para el “encaje de Cataluña en España”, transforma al actor oponente en “fabricante de independentistas” y significa hacer políticas “anticatalanas”. Los troyanos han efectuado una labor de zapa muy efectiva y destructiva, arrasando a un partido socialista internacionalista, cosmopolita y de izquierdas y transformándolo en un apéndice subordinado a las políticas etnicistas, reaccionarias e independentistas de los nacionalistas.

 

EL AVESTRUCISMO ACOMPLEJADO DEL PP

Pero también el PP se ha dejado embarcar en este proceso de degeneración generalizada del régimen del 78. Las acusaciones de franquistas les han acobardado ante la opinión pública, debilitando su oposición  ante la alianza destructiva de izquierdistas y nacionalistas, y el intento de buscar apoyos en las bisagras nacionalistas, a partir de una supuesta afinidad ideológica, también los ha neutralizado ante el rumbo centrifugador y destructivo impuesto por aquellos al sistema político.

La pauta seguida recientemente por el PP ha sido la del avestruz, sin hacer una oposición firme y elaborar una alternativa frente a las políticas aberrantes de Zapatero, Maragall y los nacionalistas, cerrando los ojos a la espera de que la inepcia del PSOE-PSC los derribara y le diera la oportunidad de alcanzar el poder.

La consecuencia de esta política de oposición es que el Gobierno de Rajoy ha accedido al poder sin tener formulada una alternativa política de Regeneración del sistema, concentrando su esfuerzo e iniciativa en las políticas económicas de estabilización dictadas por la UE, pero sin tomar la iniciativa ineludible y vital en la necesaria regeneración del sistema y la revisión constitucional y electoral a fin de acabar con la corrupción y la degeneración oligárquica, antidemocrática y centrifuga del régimen del 78.

Si el PP no lidera el proceso de Regeneración urgente y vitalmente necesario va a desaprovechar una oportunidad histórica de evitar males catastróficos para el país, sin dejar más salida al pueblo español que el intento de activar un proceso constituyente fuera de los canales institucionales establecidos, bloqueados por la corrupción mental y material de unos actores políticos cada vez más deslegitimados y carentes de autoridad para gobernar.

 

¿EXISTE UNA ALTERNATIVA AL DERRUMBE Y DESINTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN DEL 78?

El régimen se está descomponiendo a causa de su perversión oligárquica, su corrupción, su centrifugación y  la deslealtad y traición de los etnonacionalismos. Hace unos meses formulé una propuesta de Regeneración del sistema que considero sigue teniendo validez, por lo que voy a centrar mi atención en este momento en las políticas necesarias para hacer frente a la traición del etnonacionalismo.

 

 

PARAR EL GOLPE

En primer lugar, los españoles y sus representantes políticos han de ser conscientes de que se está produciendo un Golpe de Estado. A cámara lenta, pero un Golpe de Estado que terminará con el Régimen del 78, la Constitución y el sistema de libertades que nos dimos en la salida del franquismo.

Un Golpe de Estado al que no detendrán ni “Constituciones, ni Tribunales” (Mas dixit) y que finalizará con un referéndum anticonstitucional orientado a destruir el sistema autonómico para transformarlo en un sistema confederal con diversas soberanías, o en un Estado fallido del que se desgajarán varios Estados independientes.

Un Golpe de Estado es una ruptura de un régimen mediante la utilización de la autoridad y la fuerza de que dispone un sector del poder político para cambiarlo al margen de los procedimientos establecidos de cambio, y sustituir el régimen por otro distinto.

Ante este Golpe, la primera tarea de nuestros representantes, si es que lo son y cumplen con su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, es pararlo. Y para ello cuentan con un repertorio de opciones políticas e instrumentos normativos que les dotan de herramientas suficientes, si están dispuestos a usarlas.

1.- Pero el Golpe sólo se puede detener si existe voluntad política para ello: para anular la voluntad de unas minorías que pretenden imponer una ruptura del Régimen constitucional en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo y las normas que la fijaron. Por consiguiente, la primera herramienta para detener el Golpe de Estado es que la inmensa mayoría del pueblo, a través de sus representantes constituidos en los dos grandes partidos políticos —PP y PSOE—, con el apoyo de, al menos el resto de pequeños partidos constitucionalistas —UPyD y Ciudadanos— manifieste en sede parlamentaria su voluntad abrumadoramente mayoritaria —creo que alrededor del 80% del pueblo español— de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, mediante un Pacto de Estado que recupere el consenso básico de la transición roto por Zapatero y sus alianzas demenciales, y formule la que resulta evidentemente necesaria revisión de la Constitución mediante los procedimientos de reforma establecidos en ella.

2.- Existen, además, tres herramientas potentes a disposición de las autoridades que representan a la mayoría del país.

A) Una primera es la de la anulación de la convocatoria de cualquier referéndum inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, cuando esta iniciativa secesionista intente ponerse en marcha.

B) Una segunda herramienta es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que establece… “1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones  que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”

C) Existe, por último, una tercera herramienta constituida por los diversos artículos del Código Penal que tipifican los delitos de Rebelión, Sedición o Usurpación de atribuciones. Dichos artículos van del 472 al 484 para la rebelión, del 544 al 549 para la sedición, y del 506 al 509 para la usurpación de atribuciones.

 

En mi opinión, se debe hacer llegar a los golpistas la decidida voluntad de las autoridades y representantes del pueblo español de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y hacerles saber a lo que se enfrentan si intentan destruir ilegalmente el régimen democrático.

La laxitud en el cumplimiento de la Constitución y las leyes existente hasta ahora debe terminarse, restableciendo de una vez el cumplimiento del Derecho y fijando definitivamente las líneas rojas que no se pueden traspasar.

 

CAMBIAR LA DINÁMICA POLÍTICA DEL SISTEMA: PASAR DE LA CENTRIFUGACIÓN A LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN

La dinámica de las concesiones indefinidas y sin límites a los etnonacionalistas se debe acabar: ya ha durado demasiado y ha creado un régimen de distribución territorial del poder disfuncional y rupturista. Los etnonacionalistas catalanes de CIU han dejado de “hacer la puta y la Ramoneta” (Jordi Pujol dixit) para quitarse la careta y transitar a la reivindicación de la insolidaridad padana o la independencia: han traicionado la confianza puesta en ellos y mostrado a las claras su deslealtad.

Ante este posicionamiento de los nacionalistas, el juego de treinta y pico de años de concesiones debe terminarse, y recuperar la vigencia de los principios constitucionales democráticos e igualitarios, sin más mandangas centrifugadoras, etnicistas y reaccionarias.

El Pacto de Estado inexcusable entre PP, PSOE, UPyD y Ciudadanos debe incluir los principios y la defensa de un Patriotismo Español Integrador de la Diversidad que dé cauce de legitimidad a la integración del autogobierno local con el gobierno global del conjunto de España y a la gobernación de la Unión Europea.

Estos principios de un patriotismo español integrador de la diversidad son los únicos legítimos en el marco constitucional. Si se desea aplicar otros como los de el “hecho diferencial nacional” para fundamentar cambios estructurales que permitan soberanía territorial en lugar de autonomía, o confederalismo o independencia territorial, que se intente mediante los procedimientos de reforma constitucional establecidos y su autorización por el conjunto del pueblo español. Un Estado Democrático y de Derecho, miembro de la Unión Europea, no puede permitir la vigencia legitimadora de esos principios alternativos ni la instauración de estructuras que los impongan en contra de la voluntad de la mayoría.

Pero para mantener la vigencia de los principios de un Patriotismo Español Integrador de la Diversidad hace falta formularlos y defenderlos con coherencia y contundencia, y no dejarse llevar por el lenguaje y las fórmulas ideológicas de etnonacionalismos enemigos de España e izquierdismos pervertidos por su propia inepcia y oportunismo antipatrióticos.

Para ello se hace preciso cambiar la dinámica del proceso político de la Transición: es vitalmente necesario y urgente sustituir la dinámica de la concesión permanente por la de la integración coherente y contundente, definir como desleales y traidoras las tácticas nacionalistas del chantaje ladino con el fin de aproximarse a la soberanía e independencia, y luchar contra todo tipo de concesiones, componendas y pactos que vayan en esa dirección, las realice quien las realice.

Si esto no se hace, demos el país y el régimen de libertades por muertos y enterrados, ya o dentro de muy pocos años.

 

INICIAR UN PROCESO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL Y DE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

El establecimiento de una nueva dinámica del sistema político no se puede realizar sin introducir cambios estructurales que frenen la centrifugación e inicien la integración. Estos cambios estructurales los he formulado en mi artículo arriba mencionado de propuesta de Regeneración del sistema, pero creo que se pueden sintetizar todavía más con las siguientes fórmulas:

1. Reforma de la Constitución a fin de instaurar un régimen electoral mayoritario con un subsistema complementario de asignación de una porción de los escaños del Congreso mediante recuento nacional de votos sobrantes que no hayan obtenido representación en el ámbito de las circunscripciones uninominales.
2. Establecimiento en la Constitución del principio de igualdad política entre las Comunidades, admitiendo únicamente la asimetría derivada de hechos “naturales” como la presencia o ausencia de costas, la insularidad o el bilingüismo, sin que este último hecho natural impida la vigencia del mismo en las instituciones y el sistema educativo por medio de perversiones monolingües inducidas desde el poder local.
3. Revisión del sistema de distribución de competencias y reasignación de algunas competencias al Estado, como la Educación compartida, el sistema fiscal común que implique la integración de los fueros con criterios de igualdad, solidaridad y equidad, o la supresión de los mismos si esto no se admite; la regulación y control de inversiones injustificadas o derrochadoras, así como de gastos injustificados derivados de políticas clientelares de personal administrativo por parte de las Comunidades Autónomas.
4. Activación de controles operativos del mantenimiento de las estructuras constitucionales del Estado Autonómico mediante la acción fiscalizadora del Congreso y Senado; del poder Jurisdiccional,  Constitucional y Ordinario; de la Fiscalía General del Estado y los Fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia. Revitalización de las funciones de los Delegados y Subdelegados provinciales del Gobierno en coordinación con la Intervención General del Estado; aprobación de Leyes de Armonización de la legislación autonómica cuando ello sea necesario para el mantenimiento de la coordinación del conjunto del sistema.
5. Reforma de la Constitución, a fin de crear un Senado similar a los de los Estados federales, que permita y haga inexcusable la participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones del conjunto, sin permitirles su autoexclusión orientada a  justificar distanciamiento político y rechazo de las instituciones comunes.

 

Este conjunto de propuestas constituyen sugerencias de revisión constitucional y legal para apoyar el cambio necesario del sistema autonómico actual, a fin de fortalecerlo y corregir sus perversiones y aberraciones. Los integrantes del bloque de la Constitucionalidad deberían encargar de una vez un dictamen a diversos técnicos a fin de proponer medidas en un plazo fijado que articulen la revisión necesaria de la Constitución y las Leyes.

 

EL TIEMPO SE ACABÓ

Las elecciones vascas y las catalanas del 25N demuestran que no se puede continuar haciendo el avestruz ante instituciones gobernadas por independentistas filoterroristas o progolpistas. Si la Regeneración del sistema mediante su refundación y revisión constitucional no se pone en marcha urgentemente mediante el Pacto de Estado de los componentes del bloque de constitucionalidad repetidamente mencionados, vistámonos de luto de una vez para asistir al funeral del Régimen del 78 y acompañarlo a su última morada. Si su muerte se produce en respuesta a la ceguera, sordera y silencio de los representantes del pueblo español, éste quizá  no tenga otra opción que buscar la defensa de la Patria mediante la lucha por la apertura de un PROCESO CONSTITUYENTE fuera de los canales establecidos, a fin de salvar a España mediante la instauración de una democracia auténtica que ponga fin al sistema oligárquico vigente.

La solución que se imponga en un proceso constituyente es muy probable que sea mucho más centralizadora que la propuesta reformista y regenerativa realizada aquí, después de que se haya experimentado el desastre inducido por un régimen oligárquico y centrífugo pervertido.

Desearía que nuestros representantes políticos se dieran cuenta de que las soluciones resultantes de bandazos traumáticos derivados de catástrofes políticas posiblemente no constituyan una solución  real más que en el corto plazo.

 

 

 

ESPAÑA EN JUEGO: DISGREGACIÓN, CONFEDERACIÓN, O UNIÓN

Luis Bouza-Brey

Estos días lleva rondándome por la cabeza el escribir un artículo sobre el futuro de España desde el punto de vista de las opciones que plantean el País Vasco y Cataluña. Me resisto a escribirlo porque mi hartazgo frente a la estupidez de unos y la  incompetencia de otros es muy intenso, pero el tiempo se agota y creo que constituye una obligación para mi escribir sobre este tema esencial y vital, pese a toda mi desesperanza y desprecio ante los actores políticos actuales.

El catalizador de mi asunción del compromiso de escribir el epílogo del régimen del 78 ha sido este informe de la fundación FUNCIVA publicado hoy por la Voz de Barcelona y que os facilito a continuación. Pero antes debo exponeros mi percepción de como veo las cosas:

Hemos llegado al punto final de un proceso degenerativo que culminará el 25 de noviembre, y a los nacionalistas hay que pararlos, si deseamos mantener un régimen de libertad e igualdad para España. Esta detención del proceso disgregador impulsado por los nacionalistas desde los años ochenta del siglo XX, debe realizarse, y o bien los detienen los catalanes derrotándolos en las urnas, o bien deben hacerlo el resto de los actores políticos del país, principalmente el Gobierno y los dos grandes partidos.

El problema de este asunto es encontrar la forma y el procedimiento de sustituir un modelo de Estado agonizante y destructivo por otro que fortalezca la Unión y el Estado. Pero esta sustitución debe iniciarse girando el rumbo de toda la situación anterior, iniciando un nuevo proceso de fortalecimiento del Estado mediante la deslegitimación de la idea de que todo lo que sea descentralizar sin límite es positivo.

Porque la cesión de poder desde el centro a la periferia, sin límites establecidos y fijos, conduce a la anarquía y la desintegración, y a ese punto hemos llegado en la actualidad: los nacionalismos ya no tienen más que reclamar que no sea la ruptura de la solidaridad («Pacto fiscal» insolidario, Concierto) y/o la de la unidad política. Y los responsables principales de que hayamos llegado a esta situación han sido las instituciones estatales y los dos grandes partidos, con sus Gobiernos respectivos, que han cerrado los ojos ante la creciente osadía de los nacionalismos, la violación de la Constitución y la aceptación de las mandangas de un autogobierno ilimitado, el federalismo asimétrico de los troyanos del PSC, el «fet diferencial» del etnonacionalismo catalán y el nacionalismo obligatorio filoterrorista del PNV.

Han sido responsables de toda esta estafa los dos grandes partidos y sus Gobiernos, unas instituciones jurisdiccionales ciegas, sordas y mudas ante la violación de la Constitución y la ley, y la Corona, que no ha tenido la suficiente energía moral como para frenar el proceso degenerativo mediante su influencia en la opinión pública.

En fin, esta es mi tesis principal, que me comprometo a desarrollar estos días con un bosquejo del panorama político del país, y proporcionándoos como anticipo una copia del artículo de FUNCIVA que inserto a continuación.

Conviene abrir un debate articulado sobre este asunto, y el informe de FUNCIVA es un buen punto de partida:

CINCO ASPECTOS DE LA CONSTITUCIÓN A REFORMAR PARA LLEGAR A LA ESPAÑA FEDERAL

Informe de Daniel Tercero en «La Voz de Barcelona com» del 9-11-12

Diálogo, consenso y lealtad. La reforma del Estado, la Constitución y el sistema político fundamental es posible y, según algunos expertos, deseable. Una de las primeras propuestas concretas -si no la primera- que traspasa las meras palabras la ha puesto encima de la mesa la Fundación Ciudadanía y Valores (FUNCIVA).

Este jueves, en Madrid esta entidad ha presentado el informe ‘Cinco propuestas para la reforma constitucional en clave federal’. Los objetivos de la propuesta son, según el director general del think tank, José Maria Román Portas, promover el debate, el diálogo y defender el pluralismo ante una “complicada” situación política que se vive en España.

Según Román Portas, el debate sobre una reforma constitucional en clave federal no debe quedarse reducido solo a un tema de Cataluña, pues el sistema político ”tiene repercusiones en todos los órdenes de la vida, desde el personal y profesional hasta la convivencia cívica”. Con estas premisas, FUNCIVA ha admitido que esta propuesta de reforma no es “la única solución” posible.

Un doble objetivo: un Estado eficaz e integrador

El informe -de 27 páginas- parte del punto de salida de que el Estado de las Autonomías, pese a haber sido un buen sistema en su momento (salida de una dictadura), ‘ha dado muestras sobradas de agotamiento y disfuncionalidad‘. Desde el punto de vista jurídico, la Constitución ha dejado abierta la puerta a la inestabilidad permanente; y desde el punto de vista económico, la crisis económica ha demostrado que las Comunidades Autónomas están mal financiadas para dar respuesta al coste de los servicios básicos que tienen como competencias.

Pero, sobre todo, las reivindicaciones y exigencias de los partidos políticos nacionalistas, en Cataluña y País Vasco, principalmente, y ‘la radicalización’ de algunas de sus posiciones ‘ha confirmado que el Estado autonómico tampoco ha resuelto un problema estructural e histórico de nuestro país, el encaje en el Estado constitucional de aquellos territorios en los que las demandas de autogobierno son mayores y gozan de un amplio respaldo social’.

Como solución a este problema sustentado en tres puntos básicos, la FUNCIVA ha propuesto la reforma de la Constitución ‘en clave federal’, porque, ‘de lo que se trata es de lograr un Estado más eficaz, más democrático y más integrador’. Es decir, persiguiendo ’en última instancia garantizar la unidad del Estado, ofreciendo también un proyecto ilusionante de Estado integrador a las ciudadanos del País Vasco y de Cataluña’.

En el estudio, dirigido por Javier Tajadura Tejada, catedrático habilitado de Derecho constitucional y profesor de la Universidad del País Vasco, se alerta, sin embargo, de una trampa en el lenguaje. Lo que algunos llaman federalismo, como los conciertos económicos del País Vasco y Navarra o las relaciones bilaterales a las que aspiran los nacionalistas de Cataluña, no es federalismo sino confederalismo.

Reducción del número de CCAA

El estudio recuerda que el punto común de los estados federales es que la Carta Magna establece ‘quiénes son los estados miembros de la federación y qué competencias tienen’, ‘atribuye a un órgano independiente la facultad de resolver, conforme a criterios jurídicos y no de oportunidad, las controversias entre los estados miembros y la federación’ y define ‘con claridad’ el sistema de financiación de la administración pública.

Con esta base, la propuesta de reforma constitucional se estructura en cinco propuestas definidas como ‘muy ambiciosas’: número de estados, competencias, sistema de financiación, Senado federal y participación en la Unión Europea.

La primera es la relativa a la necesidad de determinar cuántos estados miembros deberían componer el hipotético y nuevo Estado federal partiendo de que 17 ‘son demasiados’ -en referencia al número actual de CCAA-. ‘Somos conscientes de la dificultad de abrir este debate, pero por honestidad intelectual, no podíamos obviar la cuestión’, se ha apuntado desde la FUNCIVA.

Uno de los baremos para medir un número justo de estados federados es el ratio de personas por cada territorio. Así -y dejando a un lado a la India (que daría de media 35 millones de habitantes por entidad)- hay una serie de países que funcionan bajo un sistema federal y que se mueven en número de entre cinco y diez millones por territorio: ’Brasil, 7,3 millones; Estados Unidos, 6,2 millones; Sudáfrica, 5,6 millones; Alemania, 5,1 millones’.

Otro grupo que presenta una ratio menor, entre dos y cinco millones de habitantes por entidad federativa de media: ‘México, 3,5 millones; Canadá, 2,6 millones; y Australia, 2,4 millones’. Esta radio, baja, se podría explicar por la gran extensión de los estados federados. Y, finalmente, otros países que tienen todavía una ratio menor: ‘Argentina, Austria y Suiza’.

La España autonómica tiene un índice de 2,4 millones de personas por territorio, según se ha calculado en el informe. España debería aproximarse a la ratio de Alemania, un país que con el doble de habitantes tiene 16 estados federados, uno menos que las 17 CCAA españolas. Un cálculo que han situado en un número no superior a diez estados federados. Es decir, sobrarían siete Autonomías.

Además, los nombres de los estados federados deberían figurar en la Constitución y los estatutos de autonomía deberían transformarse en constituciones estatales, ‘subordinadas jurídicamente a la Constitución federal’ y cuyos textos fueran lo más breve posible recogiendo ‘el sistema institucional propio dentro de los márgenes establecidos por la Constitución federal’.

Eliminación de las competencias compartidas

La ‘segunda y crucial’ reforma es la referida al reparto de las competencias y su fijación en el texto constitucional. Esta propuesta es la de ‘mayor trascendencia’ y la más complicada de consensuar, según la opinión de los autores del informe. ‘Se trata de examinar con rigor y sin prejuicios de ningún tipo qué competencias debe ejercer el poder central y cuáles los estados miembros, con objeto de atribuir la competencia a quien pueda ejercerla de forma más eficaz y a menor coste‘.

En el informe se hace mención a que ‘muchas competencias’ que ahora tiene el Gobierno pasarían a manos de los gobiernos de los estados, y lo mismo en dirección contraria ocurriría con algunas de las competencias que ahora ostentan los gobiernos autonómicos:

‘Su virtualidad consistirá en fijarlo en el texto constitucional y articular así un modelo cerrado (frente a la indefinida apertura que caracteriza al Estado autonómico). Se propone eliminar la categoría de competencias compartidas (legislación básica-legislación de desarrollo) fuente de innumerables problemas’.

En esta línea se han apuntado algunos aspectos que deberían ser de competencia exclusiva del Gobierno, todas las que garanticen la unidad política del Estado, como la acción exterior o la defensa, las que garanticen la unidad de mercado y las básicas para la cohesión social, como la igualdad de condiciones de vida, igualdad en materia educativa y sanitaria, por ejemplo.

Por contra, los estados federados tendrían capacidad legislativa máxima, única y exclusiva en las materias que -previamente definidas- sean de competencia de los estados miembros, así como las competencias de ejecución por normal general (dejando en manos de la federación el control y vigilancia de la aplicación de las normas).

Solo se establecerán algunas exigencias constitucionales -sigue el informe- para que el Gobierno pudiera intervenir en competencias de los estados miembros. Unas exigencias que deberían estar justificadas y muy motivadas. En Alemania, por ejemplo, esto se permite gracias a la cláusula de imprescindibilidad.

Una financiación bien definida y con ordinalidad

Vistos estas dos reformas que son de base política, desde la FUNCIVA se ha apostado por una reforma del sistema de financiación, motivo, según ha quedado recogido en el estudio, del ‘origen del problema catalán’. El objetivo:

‘Alcanzar un acuerdo sobre el mecanismo de financiación que basado siempre en el inexcusable principio de solidaridad podría incluir el principio de ordinalidad tal y como lo entiende el Tribunal Constitucional alemán para evitar que tras las transferencias de nivelación, los estados de mayores ingresos pierdan posiciones en lo que se refiere a capacidad de gasto. Modelo cuyas directrices deben ser fijadas también a nivel constitucional y que obliga a replantearse no tanto el sistema foral en sí, como el cálculo de las aportaciones de Navarra y el País Vasco a la Hacienda común’.

Aunque han considerado que el actual modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es el mejor modelo que ha existido en la España democrática, si bien han señalado que es mejorable, la apuesta que se ha recogido en el informe del think tank de carácter conservador defiende la ordinalidad -un modelo que no se aplica en Estados Unidos, por ejemplo-, la transparencia del modelo, una mayor responsabilidad recaudadora de las CCAA y una mayor concentración de los recursos para evitar que el Gobierno no pueda poner en marcha planes de estabilización.

Para llevar a cabo el resultado de la reforma en el plano de la financiación, la propuesta de FUNCIVA es nítida: ‘Las competencias de gestión tributaria deberían de recaer en una agencia federal independiente dedicada a la liquidación, inspección, recaudación e incluso la revisión de sus actos en vía administrativa’.

Un Senado federal y la Unión Europea

Una de las cinco propuestas de reforma afectaría al Senado. Si bien todas las voces en el PSOE apuntan a que la Cámara Alta debería ser ya una cámara de representación territorial, en el PP estas voces son minoritarias. La propuesta de FUNCIVA va en la línea de convertir el Senado en un lugar para desarrollar ‘la cultura política del pacto y del diálogo’ entre los territorios federados.

Diálogo, pacto y, también, cooperación. Se optaría por transformar ‘radicalmente’ el Senado y convertirlo en un Senado federal como el existente en Alemania, con una composición ‘muy reducida de delegados del los gobiernos de las entidades federativas que actúan conforme a un mandato imperativo’.

Ahora bien, tanto o más importante que el establecimiento de un Senado federal, es el diseño de ‘un sistema de cooperación fluido y eficaz entre los distintos gobiernos’. Esta cooperación debería de ser en dos dimensiones: la horizontal (entre los estados miembros) y la vertical (entre estos y la federación). Y, todo esto, bajo el principio de la lealtad federal (con obligaciones y consecuencias por su incumplimiento), algo que está lejos de lo que ocurre hoy día entre el Gobierno nacional y los gobiernos autonómicos.

Finalmente, la quinta reforma propuesta es la que hace referencia a la participación de la España federal en la Unión Europea. Para defender este punto, la FUNCIVA se ha basado en un informe de 2006 del Consejo de Estado que señaló la necesidad de reformar el artículo 93 de la Constitución para que se fijen ‘los límites materiales a la transferencia de poderes internos a la UE, ya marcados por el Tribunal Constitucional en el dictamen 1/2004 sobre el Tratado Constitucional de la Unión Europea’.

¿Por qué esta propuesta tiene pocas probabilidades de llevarse a cabo por consenso?

En definitiva, la propuesta de reforma del think tank FUNCIVA no es más que un punto de partida. Necesario o no, solo el tiempo y la voluntad de los ciudadanos de España lo dirán. Román Portas ha considerado que la discusión sobre el modelo de Estado debe hacerse desde una perspectiva “rigurosa, abierta y respetuosa” y ha abogado por dejar al margen las posiciones a priori que puedan impedir analizar debidamente las propuestas presentadas “con ánimo constructivo y pensando en lo mejor de todos los españoles sea cual sea su condición y sentimientos”.

Sin embargo, esta hipotética reforma constitucional no parece posible sin el consenso de las dos fuerzas políticas más importantes a nivel nacional, PP y PSOE, así como de las otras dos formaciones que tienen presencia en toda España, Izquierda Unida y UPyD; pero, sobre todo tampoco se podría llevar a cabo sin el PNV y CiU. Todo lo que fuera una reforma con un consenso menor que el de 1978 parece condenado a fracasar en el tiempo.

En este contexto político, en el que los nacionalistas -especialmente en Cataluña- han optado por la vía de la secesión sin condiciones parece poco probable que una reforma constitucional de este calado pueda contar con el visto bueno de CiU. Desde FUNCIVA, de todas maneras, son optimistas: ‘El modelo que aquí se defiende dotaría a Cataluña, como entidad federativa, de estructuras de Estado y mejoraría también su financiación. Ahora bien, el pacto federal supondría el abandono de los objetivos independentistas’.

 

UPyD, ven y cuentalo.

Álvaro Ballesteros

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En El Imparcial:

• PSOE y UPyD se unen en defensa del federalismo

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Claro, que los prestidigitadores y malabaristas del partido con nombre de diputada se permiten incluso salir con ejercicios de onanismo intelectual del calibre de asegurar que el federalismo que ellos proponen no es peligroso porque es un “federalismo de intensidad media cooperativo”. Y claro, dado su peso político a nivel estatal, seguro que consiguen imponer su visión no peligrosa a aquellos que piden federalismo a secas (sin intensidades medias ni cooperativismos), para sentar las bases de la secesión. También salen los de Rosa Díez con notas poéticas como lo de que “federar es unir”. Interesante, ¿verdad? Pero, oigan, que no somos todos tontos. Cuando federar se refiere a entidades independientes entre sí que deciden unirse para crear una estructura común (estilo Alemania o EE.UU.), sí, entonces federar es unir. Pero cuando se parte de un Estado unitario y se decide trocear el sistema en mini-Estados soberanos federados, en este caso, federar es desunir. Como se desunió Yugoslavia ante nuestros ojos con cada nueva propuesta para “democratizar y regenerar” el sistema desde los 80. Menuda juerga intelectual; así regenera la democracia hasta Zapatero. O quizás sea eso lo que ha hecho el hombre desde 2004, solo que muchos como yo, tan zoquetes, no hemos sabido apreciar semejante proyecto regenerador.

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Empezar y seguir en:

• PSOE y UPyD se unen en defensa del federalismo

 

Dos bobos y un destino

 

Sobre el modelo de estado y la unión y desunión de España.

El profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona desgrana la cuestión del modelo de estado y el federalismo, sin tener que recurrir a intensidad media cooperativa ninguna, ni a los otros extravagantes argumentos que han circulado últimamente por ahí.

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Post de Luis Bouza-Brey

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SOBRE EL MODELO DE ESTADO Y LA UNION Y DESUNION DE ESPAÑA

Edición original del 1-11-09, 16:30 en http://www.lbouza.net [–>]

En España estamos experimentando un proceso degenerativo de incremento de desorden político y caos creciente y acelerado, como consecuencia de la transformación del Estado unitario en otra cosa todavía por definir.

Antes de entrar en el análisis de la situación española, no obstante, es necesario perfilar un análisis introductorio sobre los diversos modelos de Estado existentes por lo que se refiere a la estructura del poder, haciendo la salvedad de que el uso de las palabras y el conflicto político pueden tergiversar el significado de dichos modelos, como sucede en nuestro caso con la palabra federal, por lo que es conveniente hacer referencia a estructuras y no a nominalismos, cuando se habla de este asunto.

LOS MODELOS DE ESTADO

ESTADO UNITARIO: Se caracteriza por la existencia de un único centro de poder político (Gobierno, Parlamento y Jurisdicción Superior) para todo el territorio. Puede darse el caso, no obstante, que un Estado unitario descentralice su Administración, encargando, por ejemplo a un Delegado Territorial del Gobierno Central la gestión de la Administración periférica del Estado. Pero el centro de poder es uno, y si es democrático, la soberanía o poder constituyente, corresponde al conjunto de los ciudadanos del Estado.

ESTADO AUTONOMICO: Estado unitario con descentralización no meramente administrativa. En él se delega el poder a una o varias partes del territorio, y ésta delegación implica descentralización política, creando instituciones (Gobierno, Parlamento, Poder judicial) con competencias propias que dejan de corresponder al Estado central. El Estado autonómico puede descentralizarse parcial o totalmente, en una, varias o todas las partes del territorio, y también puede darse el caso de que sea mixto, en el sentido de que haya descentralización política para algunas zonas, administrativa para otras, y no descentralización para las restantes. La España de la Segunda República se descentralizó políticamente en Cataluña, Euskadi y Galicia, mientras que el resto del territorio siguió manteniendo la estructura provincial; la Italia posterior al fascismo se descentralizó políticamente en algunas zonas, y administrativamente en la mayor parte de las regiones; la España posterior al franquismo se descentralizó políticamente de manera generalizada.

En el estado autonómico, la soberanía o poder constituyente se mantiene íntegro, en manos del conjunto de los ciudadanos.

ESTADO FEDERAL: Estado resultante de un pacto (foedus) de unión entre entidades políticas previamente independientes o confederadas. Mediante el tratado constituyente de la federación se aprueba una Constitución en la que se definen las instituciones del nuevo Estado Federal, sin perjuicio de la sobrevivencia de los Estados Federados, que conservan sus propias instituciones. Donde antes había n Estados, después de la Federación existen n+1.

La Constitución es rígida, es decir, modificable solamente por medio de procedimientos extraordinarios que permitan la participación del conjunto del pueblo de la Federación y la de las instituciones de los Estados Federados, que podrán condicionar o vetar la reforma mediante la exigencia de mayorías cualificadas.

La Constitución federal establece un sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Estados federados, atribuyendo las competencias federales a un Ejecutivo, un Parlamento bicameral y una jurisdicción federal. El Parlamento es bicameral, constituido por una Cámara de la Unión y otra de los Estados, o Senado, en la que se expresa la participación de los Estados federados.

La pauta de funcionamiento de la Federación se resume en la idea de autogobierno en la periferia y gobierno compartido en el centro, aunque en cada una de sus competencias, el Estado federal y los Federados tienen plena facultad de decisión, pues no rige un principio de jerarquía, sino de constitucionalidad en la forma y contenido de las decisiones, de manera que cuando se produce un conflicto de competencias ha de resolverse jurisdiccionalmente, interpretando la Constitución.

La estructura decisional del Estado federal, por consiguiente, es la de un poder descentralizado de manera generalizada en todo el ámbito de la comunidad política, existiendo competencias exclusivas, compartidas y concurrentes en la relación que se da entre el Estado federal y los federados.

En síntesis, lo que caracteriza al federalismo es una Constitución escrita y rígida, el condicionamiento del poder constituyente del Estado federal por los Estados federados; la inexistencia de la autodeterminación y del derecho de secesión; la existencia de una nacionalidad única para todos los miembros de la Federación; la participación de los Estados en las decisiones federales mediante diversos mecanismos, de entre los cuales el más importante es una segunda Cámara; la resolución jurisdiccional de los conflictos entre la Federación y los Estados; y la adopción de decisiones por mayoría —relativa o cualificada— en las instituciones federales.

En contraposición a la federación, en diversas ocasiones se ha producido la secesión o federalización de anteriores formas de Estado unitarias o autonómicas, como es el caso de Checoslovaquia o Bélgica en la actualidad.

CONFEDERACION DE ESTADOS: La confederación de Estados se caracteriza porque diversos Estados independientes unifican algunos ámbitos de su poder, constituyendo una alianza de carácter internacional entre Estados que conservan su total  soberanía y poder constituyente. Por ello, no existe una Constitución escrita y rígida que normativice la unión, sino un  tratado internacional que puede ser denunciado en cualquier momento. Por ello, las contadas instituciones de articulación que se crean se basan en el principio de intermitencia y unanimidad en la adopción de decisiones, consistiendo generalmente en una Dieta de participación y codecisión por parte de los Jefes de Estado que forman la Confederación;  las materias propias de la Confederación son escasas, y las Confederaciones suelen ser transitorias, evolucionando hacia la disgregación o la Federación.

Puede que en España se esté inaugurando una nueva forma de evolución consistente en la confederalización de un Estado autonómico mal diseñado.

EL CONTEXTO POLITICO DEL DISEÑO DEL MODELO DE ESTADO ESPAÑOL

La transición de la dictadura a la democracia, después de la muerte de Franco, se hizo mediante el procedimiento de la reforma del régimen franquista en un tira y afloja de los diversos protagonistas políticos que cristalizó en una política de consenso que en lo que se refiere al modelo de Estado dejó muchos aspectos conflictivos “aparcados”, como se decía entonces, llegando a un acuerdo insuficientemente definitorio mediante la indeterminación constituyente y constitucional, como veremos en el apartado siguiente.

La transición fue un juego de equilibrios que se sintetizó en aquella época con la frase de que “Franco murió en la cama”, que venía a afirmar que las fuerzas de la resistencia a la dictadura no habían sido capaces de hacer una revolución democrática, y que el régimen franquista, sometido a tensiones crecientes, no comenzó a descomponerse hasta que Franco murió. Pero la nueva etapa significó diversas cosas desde el punto de vista de la legitimación y la hegemonía en las modificaciones políticas del poder del Estado:

En primer lugar, se vió que la mayoría deseaba un cambio hacia la democracia, pero sin violencia, y que ninguna fuerza política del país tenía la suficiente legitimidad y hegemonía para poder imponer sus soluciones. Por eso el reformismo franquista prodemocrático venció en las dos primeras legislaturas, aunque contrapesado por una izquierda moderada potente.

Pero desde el punto de vista de las brechas derivadas de las concepciones acerca de la unión o desintegración del país, la dictadura hizo daño a España: el franquismo, al identificarse de manera excluyente y autoritaria con el patriotismo español e imponer un Estado dictatorial, unitario, monolítico y centralista, produjo el doble efecto, por una parte, de debilitar la idea de España y borrar de la memoria la tradición republicana y democrática del patriotismo español, y por la otra, de sobrelegitimar a los nacionalismos periféricos, concediéndoles en la cultura popular una patente de progresismo y democracia que están lejos de poseer, como han demostrado desde entonces y veremos posteriormente.

La resultante de esta doble deformación es que las fuerzas que decían defender la democracia se han dejado arrastrar por el empuje de las reivindicaciones etnonacionalistas del nacionalismo periférico y han carecido de firmeza y coherencia en la defensa del patriotismo español y la unidad nacional.

A las anteriores deformaciones ideológicas, que constituyen la fuerza inercial que sobredetermina todas las demás variables de la situación, hay que añadir, por una parte, la insuficiencia de un  análisis teórico que hubiera permitido distinguir el patriotismo constitucional español abierto, respublicano, democrático y plural, del etnonacionalismo periférico, basado en una religión política fundamentalista que, con el pretexto de la construcción nacional, lo que pretende es imponer una etnia excluyente y obligatoria a sociedades plurales y multiétnicas producidas por la convivencia y el intercambio secular en el ámbito territorial español de sus diversos pueblos.

Por otra parte, esta debilidad defensiva de la unidad de España por parte de los demócratas, fue consecuencia también de la creencia ilusoria en que el sistema democrático sería capaz de integrar a los nacionalismos descentralizando el Estado. Creencia que ha demostrado su falta de realismo a lo largo de los años, pues el etnonacionalismo periférico no ha sido integrado en España, sino que las concesiones solamente han servido para aumentar su fundamentalismo y reivindicaciones de secesión más o menos taimadas o expresas, pacíficas o violentas, graduales o repentinas.

Todo este conjunto de factores culturales, al que hay que añadir la acción de ETA y la “acumulación de fuerzas” vasca del nacionalismo con los partidos vinculados al terrorismo, así como la vigencia de un sistema electoral que permite la sobrerrepresentación del nacionalismo periférico, fomentando el que los partidos nacionalistas puedan desempeñar el papel de aliados insustituibles para formar mayorías en el Congreso, han conducido a la Nación y al Estado a la situación sin salida de descomposición, caos político y derrumbe del sistema que se han ido acentuando durante los últimos años. Principalmente durante la era maragalliana-zapatera, que comienza en el 2003 y que se ha caracterizado por el abandono de la lealtad constitucional por parte del PSOE-PSC, la formación de alianzas con el etnonacionalismo independentista para alcanzar y mantenerse en el poder, y la violación de la Constitución mediante Estatutos de Autonomía inconstitucionales que están dinamitando el Estado y la unidad nacional de España.

LAS INCOHERENCIAS DEL ESTADO AUTONOMICO ESPAÑOL

El conjunto de percepciones, patologías y deficiencias culturales, inercias y presiones señalados en el apartado anterior, dieron como resultado un proceso constituyente muy vacilante, ambiguo y contradictorio en lo referente al modelo de Estado. Al estudiar las actas de la Comisión Constitucional del Congreso durante el período constituyente, y la dinámica política posterior a la aprobación de la Constitución, se observa como las fuerzas políticas dominantes van variando su configuración del modelo de Estado, en lo referente a la concepción de la autonomía y a su generalización al conjunto de las regiones españolas: en un primer momento se pensó en conceder autonomía solamente a las “nacionalidades históricas”; posteriormente se aprobó conceder autonomía a todas las regiones, aunque solamente política para unas y administrativa para las demás; posteriormente se aceptó la idea de la generalización de la autonomía política pero con dos niveles de competencias; y finalmente se aprobó en el texto constitucional diseñar diversos procedimientos para que las nacionalidades y regiones fueran asumiendo por sí mismas, en sus Estatutos de Autonomía, la autonomía política para todas, aunque con el máximo techo competencial para las nacionalidades históricas y un segundo nivel para las demás hasta que, transcurridos cinco años, decidieran si deseaban ampliar sus competencias al nivel máximo mediante la reforma de sus Estatutos.

Por otra parte, se estableció un artículo especial, el 151, por el que si una región deseaba alcanzar el máximo competencial en un primer momento, tuviera que demostrarlo superando referéndums que demostraran una voluntad popular clara a favor. Este fue el procedimiento seguido por Andalucía ya después de ser aprobada la Constitución, y que de algún modo significó la apertura de la generalización con el máximo techo competencial para todas las regiones, como modelo de Estado autonómico para España.

Existen, por otra parte, tres normas constitucionales más que perfilan definitivamente los rasgos del modelo de Estado autonómico español:

a) Un sistema de distribución de competencias confuso y muy dispositivo para las Comunidades Autónomas, en el que las competencias exclusivas del Estado quedan poco exentas de interpretaciones aleatorias y abusivas de los Estatutos.

b) Un artículo 150,2 de la Constitución que permite la posibilidad de que el Estado delegue sin límites, mediante ley orgánica, todas sus competencias.

c) La creación de un Senado de rasgos institucionales erráticos, carente de mecanismos perfilados de participación de las CCAA en las instituciones centrales, y de poderes políticos importantes, subordinado a la dinámica heterónoma de la disciplina de voto partidaria en la segunda Cámara.

La consecuencia de todos los factores mencionados, para la definición política y normativa del modelo de Estado español, es la de que tenemos un Estado unitario sometido a un proceso de descentralización generalizado mediante la institucionalización de la autonomía política para todas sus regiones, pero permanentemente abierto, susceptible de presiones centrífugas crecientes, en el que no existe lealtad constitucional ni conciencia de los intereses generales, aunque sigue manteniendo la unidad y soberanía del conjunto del pueblo español, pero carente de un Senado integrador y sometido a la presión secesionista y/o caciquil de sus entidades territoriales componentes.

Podemos concluir que el nuestro es un Estado Autonómico con autonomía política generalizada, y en ello similar a un Estado federal, pero mal diseñado, con un Senado deficiente, y con integración y lealtad decrecientes que impulsan hacia un proceso de confederalización o secesión de diversas partes del territorio.

Ante esta situación caótica cabe preguntarse cuál es la solución que se debe buscar para alcanzar el orden necesario para que la sociedad pueda funcionar con normalidad y atender al desarrollo y las necesidades de los ciudadanos.

¿CUÁL ES LA SOLUCION AL CAOS?

Uno siempre ha pensado que el pluralismo estructural de la sociedad española creaba una propensión hacia la descentralización y que ésta como mejor se articulaba, institucionalmente, era mediante un Estado federal que posibilitara el autogobierno en la periferia y el gobierno compartido en el centro. Pero a medida que se fueron sucediendo los acontecimientos, principalmente desde 2003, mi posicionamiento ha cambiado: he descubierto que el etnonacionalismo no tiene más límite reivindicativo que la independencia y, por consiguiente, al no existir lealtad federal, el federalismo es imposible. Y lo más negativo para España es estimular y legitimar los delirios etnonacionalistas mediante la apertura de procesos que les permitan elevar sus reivindicaciones, como sería el caso si se abriera ahora un proceso de federalización.

Por ello, en mi opinión, lo que hay que hacer es resolver los problemas de deficiencias de legitimación y diseño del Estado autonómico mediante un Pacto de Estado, entre al menos los dos grandes partidos del país, que permita iniciar una reforma constitucional y legal que atiendan a los siguientes objetivos:

1.- Que clarifiquen cuáles son las competencias estatales intransferibles y limiten la posibilidad de que  le sean arrebatadas al Estado.

2.- Que modifiquen el Senado para transformarlo en un elemento operativo de integración de la pluralidad.

3.- Que reintegren al Estado alguna de las competencias esenciales para el mantenimiento de la unidad e integración del país, como son la  cooficialidad lingüística, la educación, la unidad fiscal y la política internacional.

4.- Que cierren el sistema mediante la supresión del artículo 150, 2.

5.- Que modifiquen la ley electoral para dejar de primar a los etnonacionalismos periféricos y reconducirlos hacia su participación en el Senado, manteniendo el Congreso como la cámara de representación del conjunto del electorado español y facilitando la formación de mayorías de gobierno suficientes que no dependan de minorías chantajistas para sobrevivir.

6.- Que hagan operativos los mecanismos de control financiero y normativo de las competencias de las CCAA, a fin de evitar la irresponsabilidad en el gasto, el incremento sin límites de la Deuda autonómica, la corrupción y el incumplimiento de la Constitución.

En definitiva, todas estas medidas pueden hacer que el Estado autonómico supere sus caóticas deficiencias sin necesidad de abrir un proceso de federalización que pondría en peligro la unidad constituyente (soberanía) del pueblo español y acentuaría las propensiones secesionistas del etnonacionalismo. El Estado español no necesita más apertura, sino legitimidad, coherencia, cierre de vías de agua e integración.